Jairo Santander

Resumen

El interés de la literatura se ha centrado en los factores que facilitan o promueven el cambio en las políticas públicas. Sin embargo, en contextos de fragilidad institucional como los latino-americanos, también es relevante preguntarse acerca de los factores que facilitan la estabilidad y que van más allá de su funcionalidad, como lo muestran muchas políticas ineficaces que permanecen por largos periodos, afectando profundamente las trayectorias de desarrollo de los países. La dinámica de una política pública se compone tanto de un factor estable como uno de cambio y, en ambos casos, se requiere de importantes esfuerzos políticos para su realización, que deben ser estudiados con la misma rigurosidad. Pero los distintos enfoques han abordado, de diversas formas, la condición de estabilidad de las políticas y ubicado en un lugar particular en relación al cambio. Esto hay que ser llevado a dificultades para contar con una idea clara sobre la dinámica de las políticas y sobre los esfuerzos políticos que inciden en la naturaleza misma de las decisiones de gobierno. El presente artículo revisa cómo ha sido entendida la estabilidad de las políticas públicas para, así, poder tener mejor comprensión sobre los factores que facilitan que los gobiernos logren mantener una política a pesar de las presiones por el cambio. Como resultado plantea puntos centrales que deben ser abordados en futuras investigaciones acerca de la dinámica de las políticas públicas.

Palabras clave: políticas públicas, dinámica de políticas, estabilidad.

Introducción

Es tradicional que en países donde existe una fragilidad institucional importante los cambios de gobierno generen una profunda incertidumbre sobre la continuidad de las políticas públicas. Las alternaciones de gobierno son asociadas con alta volatilidad en las decisiones y, por ende, con cambios abruptos en las trayectorias de las políticas.
En estas naciones, como varias latinoamericanas, ni siquiera la continuidad del mismo partido político en el gobierno garantiza una prolongación de las decisiones de política. Bogotá, Colombia, es un buen ejemplo de ello. En esta ciudad, la continuidad en el poder del partido de izquierda, Polo Democrático Alternativo, durante tres periodos2, no garantizó la estabilidad de las políticas en áreas vitales del desarrollo de la ciudad. En el tema de hábitat, por ejemplo, esto se expresó en modificaciones importantes al plan maestro, documento esencial de las políticas sobre el tema y, en el último gobierno, en la modificación al Plan de Ordenamiento Territorial. Igual sucedió en temas tan importantes como movilidad y educación.
Por tal grado de incertidumbre, la estabilidad post-gobierno de las decisiones de política ha sido, tradicionalmente, una preocupación constante de los hacedores de política (Jacobs, 2010). De hecho, realmente mucho del diseño institucional de las políticas responde a la apremiante necesidad que tienen los hacedores de garantizar la continuidad de éstas, apenas han terminado su mandato.
Las políticas públicas están en constante presión de cambio, por tanto, el día a día de gobierno trae consigo preocupaciones sobre la continuidad de las decisiones de política, que obliga a los gobernantes a hacer esfuerzos políticos importantes para su sostenimiento. De esta forma se entiende que la estabilidad está lejos de ser un momento inerte de la dinámica. De hecho, en lo que resulta ser una característica tradicional en los estados con algún grado de democratización, las constantes reclamaciones de actores antagónicos que promueven continuamente cambios en las políticas, obligan a los gobernantes a realizar acciones políticas en procura de garantizar la estabilidad de sus decisiones.

Por ello se hace relevante una mejor comprensión de la estabilidad de las políticas públicas. En la academia el tema es de amplio interés y, junto a estas inquietudes, las interrogantes acerca de la estabilidad también abarcan otras dimensiones, que incluyen los factores que permiten a una política mantenerse y los mecanismos que emplean los actores en la arena política para garantizar la continuidad de las políticas.

En términos generales, en la literatura que aborda el tema, la estabilidad es una cuestión que se enmarca dentro del estudio de toda la dinámica de las políticas. Este esuno de los temas que hoy en día mayor inquietud teórica despierta dentro de todas las posibilidades de análisis, que permite el estudio político de la formación de políticas públicas. De hecho, la literatura forjada para explicar qué, cómo y porqué de las dinámicas de las políticas públicas ha sido pródiga en propuestas analíticas, planteamientos causales y conclusiones, generándose así un rico, aunque heterogéneo, marco interpretativo (Capano & Howlett, 2009).
Pero esta amplia oferta analítica, aunque resulta interesante, ha atentado contra la consolidación de una explicación sobre la relación entre estabilidad y cambio en las políticas públicas y la comprensión sobre las lógicas políticas que derivan en fuerzas de trasformación y contención(Capano, 2009; Cruz-Rubio, 2011; Real-Dato, 2009b). Esto porque, aun que la estabilidad ha sido entendida principalmente como parte de un proceso dinámico y discontinuo, la heterogeneidad explicativa sobre sus determinantes, alcances, procesos, características y concatenación con el cambio ha abierto la puerta a extensas discusiones y disensos acerca de las expresiones, condicionantes y mecanismos de la estabilidad; que no son concluyentes y que muestran divergencias en cuanto a marcos epistemológicos y ontológicos, unidades de análisis e inferencias que dificultan una comprensión adecuada del rol que la estabilidad cumple en la dinámica y resultados de la política(Capano, 2009; Kay, 2009; Real-Dato, 2009a).

Lo anterior es de esperarse cuando existen explicaciones para la dinámica en cada uno de los distintos niveles del análisis social, desde la conducta racional de los actores, pasando por los niveles de gobernanza y arreglo institucional, hasta justificaciones que indagan en lo más profundo del sistema de creencias de las sociedades y su conformación histórica.
Por esta amplia heterogeneidad analítica y con el propósito de tener claridad sobre en dónde se enmarca la discusión sobre los mecanismos de estabilidad de las políticas públicas fallidas, el presente artículo tiene como objetivo realizar una revisión sobre las distintas posturas existentes que trabajan alrededor del tema de la dinámica de las políticas públicas. De este modo, se busca lograr identificar las principales dificultades analíticas que obstaculizan una mejor comprensión de los procesos que conducen a escenarios estables y, así, contar con las bases para llegar a construir un marco explicativo que facilite el análisis de la permanencia de políticas no exitosas.
Para realizar este abordaje, en un primer momento se hace una revisión general de los principales retos que ha tenido la discusión sobre las dinámicas de las políticas públicas y la forma en que se ha abordado en ella el tema de la estabilidad. Posteriormente, el estudio se adentra en los principales enfoques que abordan las dinámicas de las políticas en búsqueda de entender sus planteamientos acerca de la estabilidad y su relación con el cambio. Por último, el capítulo permite compendiar los principales hallazgos de la revisión de la literatura para realizar recomendaciones para el direccionamiento de las líneas de trabajo en el tema de la estabilidad.

Estabilidad y dinámica de las políticas: un asunto complejo
La comprensión de la dinámica y, en especial, del componente estable de las políticas públicas, se ha dificultado por la existencia de una prolija literatura que no tiene la costumbre de comunicarse entre sí. La falta de diálogo ha llevado a reales dificultades analíticas, expresadas en inconsistencias epistemológicas y teóricas al interior de los distintos enfoques (Capano, 2009; Real-Dato, 2009b), al igual que metodológicas (Kay, 2009; Paul Sabatier, 2007; Zittoun, 2009).
Por ejemplo, para Capano (2009), los distintos enfoques sobre dinámicas de políticas públicas —entre ellos, el de coaliciones defensoras (ACF), el de equilibrios puntuados (PE) o el de flujos múltiples (MSF)3—evidencian, en cuanto al asunto epistemológico, un amplio eclecticismo, al igual que una falta de claridad y consenso en aspectos tales como la forma de progresión de los eventos (si la dinámica es linear o no), el tipo de dinámica (si es revolucionaria o evolutiva) y en la definición de los motores del cambio.
En cuanto a lo teórico,Capano (2009) muestra que los distintos enfoques tienen inconsistencias, principalmente en la claridad de la definición del objeto de cambio, de los tipos (incrementales o radicales) y la naturaleza del resultado (reversible o irreversible). También el autor encuentra diferencias en los niveles de abstracción, en los mecanismos y variables causales que exponen, al igual que dilemas en el papel de la agencia y la estructura en la dinámica de la política.

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Rosalinda Gámez Gastélum
Yadira Carrera Ontiveros

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Resumen:

Este artículo efectúa una evaluación de consistencia y resultados del programa gubernamental “migrante 3 x 1 “, instrumentado por el Gobierno Federal a través de la Secretaría de Desarrollo Social, analizando el resultado que ha tenido en términos de las dimensiones de economía, eficacia, eficiencia y calidad en la vida de los migrantes y sus familias. Este programa es impulsado por los migrantes radicados en el exterior, para colaborar en acciones y obras sociales que contribuyan al desarrollo de sus comunidades de origen. Este programa conjunta recursos de los migrantes y de los gobiernos federal, estatal y municipal. La pesquisa es de naturaleza mixta, ya que utiliza técnicas de recolección de información de naturaleza cualitativa y cuantitativa.

Palabras clave: migrantes, programas públicos y evaluación.

Introducción

La evaluación presentada es a nivel organizacional, tomando en cuenta los indicadores de economía, eficacia, eficiencia y calidad de este programa público y su interacción con los clubes de migrantes mexicanos en Estados Unidos en los cuatro componentes básicos del programa de la Secretaría de Desarrollo Social. El paper está dividida en tres apartados: dos teóricos, en donde se abordan las dimensiones de investigación de las remesas colectivas y la práctica transnacional; el segundo analiza las principales teorías y enfoques sobre la evaluación de políticas y programas públicos, especialmente del ámbito social. Finalmente, en el tercer apartado del estudio de caso, es donde se revisan los indicadores de economía, eficacia y eficiencia del citado programa y se presenta un primer esbozo sobre la calidad del citado programa a nivel nacional.

1. Las remesas colectivas y la práctica transnacional
Los migrantes mantienen vínculos trasnacionales no sólo con sus familiares, sino también con la comunidad. El envío de las remesas ha rebasado el ámbito de lo familiar y se ha convertido también en un vínculo con la comunidad de origen porque ese dinero permite financiar proyectos para el beneficio colectivo de sus localidades.
Las comunidades de migrantes reconstruyen vínculos activos en la formación de espacio social y en impulsar políticas para el desarrollo de su terruño. Los migrantes se han convertido en cofinanciadores de proyectos urbanos del lugar de donde partieron y desde el otro lado de la frontera estrechan lazos con sus connacionales y a la vez impulsan el desarrollo de sus regiones.
El programa 3x1 tiene características que Luis. E. Guarnizo (1997) llama “transnacionalismo desde arriba” por la participación de actores institucionales o Estados y “desde abajo” porque comprenden actividades que son el resultado de las iniciativas de origen popular que realizan los migrantes ordinarios y sus contrapartes en sus país de origen. Este vínculo material que mantienen en el ´ámbito económico también entrelaza los vínculos emotivo-afectivos que impactan en los beneficios socioculturales. A su vez, este programa es un incentivo del gobierno para impulsar a los clubes de migrantes a participar en alianzas con gobiernos federal, estatal y municipal a fin de promover el desarrollo (Orozco, 2005: 209)
Los clubes de migrantes han ocupado un papel importante no sólo para defender y apoyar a sus agremiados en Estados Unidos, sino también han sido activos en ayudar a sus comunidades de origen con asistencia para el desarrollo. Han apoyado desde proyectos comunales, mejoras de calles, abastecimiento de agua, restauración y construcción de Iglesias, parques, puentes, servicios de alumbrado, bibliotecas e instalaciones deportivas (Zárate-Hoyos, 2005: 198). Los clubes se convierten en nodos, mediante los cuales fluye la información y los recursos de los migrantes para mantener vínculos trasnacionales con sus ciudades de origen.

El programa 3x1, sirve como un potencial vínculo entre los que se van y los que se quedan. “Nos lleva más allá del vínculo directo del fenómeno migratorio hacia ámbitos de interacciones en los que los sujetos que permanecen mantienen relaciones sociales por encima de las fronteras, mediante diversas formas de comunicación (Leviit, 2004: 68). Este vínculo material que mantienen en el ámbito económico también entrelaza vínculos emotivos-afectivos que impactan en los beneficios socioculturales. El alcance de este vínculo material no se da por igual en todas las regiones de México. La mayor intensidad se da en las regiones consideradas con más alto nivel de migración. En Sinaloa ocupa el lugar 22 en el contexto nacional en cuanto al número de migrantes y 3.26 por ciento de las viviendas reciben remesas, lo que lo ubica con un grado medio de intensidad migratoria, según estimaciones de Conapo.
La participación del migrante se ha reconfigurado. Los que se van siguen presente financiando obras de infraestructura social que ayudan a resolver necesidades de sus comunidades de origen. “En la mayoría de los países en desarrollo, las remesas internacionales tienen un efecto profundo y creciente en la pobreza, la distribución del ingreso y del desarrollo económico, especialmente en las zonas rurales” (Zárate- Hoyos, 2005:179). Ahora los migrantes son agentes interdomésticos, es decir, participantes en aspectos que trascienden la frontera internacional y con una gama de relaciones familiares, sociales, económicas y políticas (Orozco, 2005: 221).
Ahora las comunidades reciben influencia de objetos y remesas colectivas dentro de su campo de relaciones sociales. El migrante al participar en esta práctica social que atraviesa fronteras exhibe una forma trasnacional de ser (Levitt, 2004:68).

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Rafael Bastidas Adrián

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Resumen
El objetivo del presente estudio es establecer la relación que guardan las transferencias federales respecto a los ingresos propios y, en consecuencia, explicar las determinantes que influyen en el comportamiento de los ingresos propios de la hacienda pública del Estado de Sinaloa. A partir de ello, se desarrolla un estudio comparativo de indicadores y variables a nivel regional.
Como resultado se obtiene que la tesorería sinaloense registra el menor aprovechamiento de capacidad fiscal de los estados analizados; sin embargo, Sinaloa es una de las entidades de la región que representa la mayor tasa de crecimiento media anual durante el periodo estudiado (2005-2013).
Palabras clave: federalismo fiscal, política fiscal y coordinación fiscal.

Bajo el nuevo esquema, al que se le denominó Federalismo Fiscal (FF), se persigue la consolidación de un sistema de participación de la recaudación más equitativo y justo para el gobierno estatal y municipal, pues se consideran aspectos cualitativos y no sólo cuantitativos. Así pues, los estados y municipios del país tienen garantizada una bolsa anual que se traduce en recursos etiquetados (aportaciones) y aquellos libres de destino final (participaciones); bajo este nuevo modelo, respecto a los órganos tributarios del Estado y los del resto de país, no se habían considerado, de manera idónea, variables de desempeño institucional a nivel de las haciendas estatales, como lo son la eficacia en la recaudación, el esfuerzo tributario y, en síntesis, el aprovechamiento de la capacidad fiscal de los entes locales.
En este sentido, la capacidad fiscal está determinada por la habilidad potencial del gobierno de una región para recaudar ingresos de sus propias fuentes y pagar por una canasta estandarizada de bienes y servicios públicos (Sour, 2008, p. 279). Este concepto es muy general, menos específico, siendo su definición —creemos— más ambigua de lo que aparece. Intuitivamente, parece claro el significado de capacidad fiscal: el potencial recaudatorio de cualquier área administrativa. Utilizando un enfoque más práctico, “es la posibilidad que tiene la administración pública de traducir la actividad económica que se desarrolla dentro de sus fronteras en gasto público" (Chernick, 1998, citado en Sobarzo, 2003, p. 203). Este último apunte presupone que la potencialidad recaudatoria es, sin embargo, muy difícil de calcular por las determinantes a considerar. Sin embargo, podemos establecer, en un primer intento por abordar el tema, que la capacidad recaudatoria de un territorio se puede identificar como el conjunto de bases imponibles susceptibles de ser gravadas por la hacienda pública.

Contextualizando, el Estado de Sinaloa, en materia de contribuciones, tiene como potestad originaria —tan solo en el rubro de impuestos— el cobro de las cuatro siguientes contribuciones: Impuesto sobre Adquisición de Automóviles de Motor Usado, Impuesto sobre Nómina, Impuesto sobre Servicios de Hospedaje, Impuesto por Loterías, Rifas y sorteos, situándose entre los que menos impuestos recauda. En cambio, entidades como Guerrero cuenta con 10 tributos propios; Chihuahua y Nayarit, tiene nueve cada uno. Por esta razón, Sinaloa es uno de los estados identificado con carga tributaria baja, por lo que podemos establecer que no ha explotado sus potestades tributarias con plenitud, al menos en el rubro legal de los impuestos.
El gobierno estatal tiene financiamiento para la provisión de bienes y servicios de su población mediante ingresos propios (IP) y recursos federales (participaciones y aportaciones), respecto a los primeros, este ha recaudado en ocho años, considerando los años de 2005 a 2012, 18 mil 198.50 millones de pesos, monto que representa un incremento promedio 230 % respecto a lo previsto en 2005 y una Tasa de Crecimiento Media Anual (TCMA) del 16.30 %. La tabla siguiente muestra el comportamiento de los conceptos aquí mencionados.

María Estela Torres Jaquez
Martín Alonso Juárez Armenta

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Resumen
En el presente trabajo se realiza una revisión del estado del arte, relacionada con la teoría de la Nueva Gestión Pública o New Public Management (NPM) y su aplicación en el contexto mexicano, identificando que los conceptos y técnicas propuestas por esta teoría han sido de utilidad para la transformación del Estado y su aplicación se ha dado en países de diferentes grados de desarrollo: Estados Unidos, Suecia, Gran Bretaña, Francia, Australia, entre otros. No obstante, en México, los resultados de poner en marcha prácticas gerenciales, con el fin de mejorar el desempeño del gobierno no han sido los esperados.
El análisis se realiza a través de la revisión del contexto político, institucional y gubernamental de la Nueva Gestión Pública; se discute cómo la interacción e interdependencia de estos tres contextos determinan el tipo de diagnóstico a los que llegarán los diferentes niveles de gobierno y por lo tanto, el diseño de las políticas públicas para solucionar sus problemáticas.
La metodología utilizada es descriptiva, ya que pretende sintetizar, a partir de la revisión de material bibliográfico actualizado, el fenómeno de la Nueva Gestión Pública y los resultados de su aplicación en la administración pública.

 

Palabras clave: nueva gestión pública, administración pública, políticas públicas.

La Nueva Gestión Pública (NGP) es una de las tendencias internacionales más destacadas de la administración pública que aparece como respuesta a la crisis de los ochenta, cuando se evidenció el estancamiento que la burocracia representaba para el Estado, el paradigma que imperaba en ese momento era el de un gobierno que actuaba de manera unilateral, autoritaria, ineficaz e incompetente para satisfacer las necesidades de la población. Fueron los países occidentales quienes incursionaron en esta corriente debido a que el modelo de gestión tradicional ya no resolvía los problemas sociales en términos de eficiencia, eficacia y legitimidad.
Los gobiernos se cuestionaron cuál habría de ser el papel del Estado en las nuevas condiciones sociales, su ámbito y tipo de acción, particularmente en el terreno de desarrollo económico y social. Por otra parte, el Banco Mundial cuestionaba “cuál debe ser el papel del Estado, qué puede y qué no puede hacer y cómo debe hacerlo” (Aguilar, 2006, p.137).
El análisis de la NGP aplicada al contexto mexicano busca demostrar que las aplicaciones de ciertas tendencias dan fruto solo en algunos países, no en todos. Para esto, es necesario conocer el contexto nacional a través de sus componentes generales: 1.- contexto político (conjunto de los problemas económicos, sociales y políticos que experimenta una comunidad), 2.- contexto institucional (estructura y cultura administrativa de un gobierno)y 3.- contexto gubernamental.
La interacción e interdependencia de estos tres contextos económicos-políticos-gubernamentales determinan el tipo de diagnóstico que harán los gobiernos de sus problemas y así determinar las acciones a realizar, mismas que podrían traducirse en diseño de políticas públicas (Aguilar, 2006).
El trabajo inicia presentando los antecedentes de la nueva gestión pública, cómo y dónde aparece dicho concepto en el mundo, revisando a los países anglosajones. Posteriormente se aborda el concepto NGP, seguido de la revisión del mismo en América Latina visto desde el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD), hasta llegar a la NGP en México, donde se analizan diversas condiciones existentes en el escenario mexicano que demuestran que ese enfoque es un modelo que en países como el nuestro no pueden obtener su máximo potencial y, en parte, pareciera que incentiva a que la burocracia actúe de manera discrecional.

Antecedentes
Cejudo (2011) menciona que el enfoque de la NAP tuvo su origen en los países anglosajones durante los años ochenta. En Nueva Zelanda hubo cambios significativos pues no solo se modificaron drásticamente las estructuras de los ministerios y las agencias gubernamentales, sino que se alteraron las rutinas y prioridades de los empleados del gobierno. Reino Unido experimentó un proceso similar, al igual que Nueva Zelanda; este país se encontraba en crisis económica y con fuertes críticas al gobierno por su ineficacia.
La NGP aparece en un entorno de cambios en la aplicación de los modelos económicos, como es la llegada del neoliberalismo. En Estados Unidos, Ronald Reagan declaraba que el gobierno no era la solución sino el problema, en tanto que, Margaret Thatcher nombraba a gerentes de empresas privadas como los encargados de hacer más eficiente el sector público. La NGP como práctica surgió en este entorno de ideas económicas y políticas favorables al mercado, en gobiernos que habían hecho campaña criticando los excesos de las burocracias (Cejudo, 2011).No solo parecía la respuesta a los problemas identificados en muchos países sino que ofreció mejoras sustanciales en la calidad de los servicios y reducción en los costos para el sector público. Para gobiernos que padecían presiones fiscales y demandas sociales, la NGP ofrecía respuestas prometedoras.
Algo que caracteriza a la NGP es “la preocupación por la calidad, la llamada orientación al cliente/usuario/ ciudadano, la medición de resultados por mecanismos de control y el interés por la innovación y la creación de valor público” (Cejudo, 2011, p. 29).

Aguilar (2006) argumenta que la reforma administrativa en la administración pública fue una respuesta obligada a los problemas de operación del gobierno al déficit fiscal de los Estados; calidad incierta en los servicios públicos y políticas económicas erróneas. Los campos de la gestión administrativa como el manejo financiero, la elaboración de las políticas y programas, la asignación y uso de recursos públicos, el trato con los ciudadanos, desórdenes e incapacidades legales, organizativas, directivas y operativas evidenciaban la equivocación e ineficacia gubernamental de la administración pública.
En consecuencia, el primer capítulo de la reforma administrativa fue proponer que los gobiernos se reorganizaran y se apegaran a una estricta dirección financiera, mayor economía y eficiencia en el usos de los recursos públicos, recortes de programas innecesarios e ineficientes, recorte de personal sobrante e improductivos (Aguilar, 2006).
En un primer momento, la respuesta a la crisis fue la neoliberal-conservadora. Dada la necesidad de reformar el Estado, restablecer su equilibrio fiscal y equilibrar su balanza de pagos de los países en crisis, se daba como respuesta simplemente la reducción del tamaño del Estado y el predominio total del mercado. No obstante, esta propuesta no tuvo sentido desde el punto de vista económico y político, ya que posteriormente se constató que la solución no estaría en el desmantelamiento del aparato estatal sino en su reconstrucción (CLAD, 1998).
Por tanto, la NGP fue impulsada como una solución a los problemas de la vieja burocracia como respuesta a un gobierno en crisis fiscal, caracterizado por una reducción del tamaño y el costo del aparato gubernamental, así como la conjunción de los mejores instrumentos de gestión del sector privado, con la vocación pública del gobierno (Cejudo, 2011, p. 17).
Por otra parte, organismos internacionales como el Banco Mundial y la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) —y también organismos regionales especializados en administración pública como el CLAD— adoptaron la retórica, los términos y los contenidos de la NGP.

La reducción de costos, flexibilización de las burocracias, empoderamiento a los ciudadanos y el mejoramiento de bienes y servicios públicos representaba una oferta atractiva en sus recomendaciones a los gobiernos de todo el mundo. En diversos gobiernos se adoptó un lenguaje similar y se establecieron objetivos parecidos, pero las iniciativas emprendidas variaron considerablemente de país a país, pues respondían a las condiciones peculiares de cada uno (Cejudo, 2011,p. 31).

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Ariana Núñez Escalante

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Resumen
En México, a partir de la Reforma en Telecomunicaciones de 2013, se reconoce el derecho de acceso a internet para todos los mexicanos, como un referente para un mayor desarrollo y competitividad. No obstante, al reconocer dichoderecho, no se previeron algunos aspectos de seguridad y resguardo de integridad del usuario.
En nuestro país, los niños, niñas y adolescentes (NNA), por ser nativos digitales, son la población que hace un mayor uso del derecho de acceso a internet. Pero al dejar en manos de los menores la autogestión de dicho derecho, se corren diversos peligros, pues la vida de estos gira en torno a una conexión continua y, con ello, la posibilidad de que otros derechos como a la privacidad, a la intimidad y a la no discriminación, sean vulnerados a través del ciberbullying, el grooming y la pornografía infantil.
En este contexto, surge la importancia de abrir no solo un debate sobre las medidas pertinentes para regular el uso de internet, sino la de construir un modelo para el resguardo de la integridad de los menos en la efectivización de sus derechos. Ante dicha necesidad, emerge el paradigma de gobernanza de internet.

Palabras clave: derechos, niños, niñas y adolescentes, ciberdelitos, regulación y gobernanza de internet

Introducción
En el contexto de la sociedad de la información y conocimiento en México se ha reconocido como derecho el acceso a internet y ello ha implicado una serie de retos en materia de política pública que resguarde la integridad del ciudadano en la efectivización de dicho derecho.
La omisión, por parte del gobierno —en primer término—, legal, ha incidido para que se configuren nuevos problemas en el marco del ciberespacio, tales como el ciberbullying, el cibergrooming y la propagación de pornografía en la red, por citar algunos.
Al ser nativos digitales los niños, niñas y adolescentes, se les considera como los usuarios más vulnerables, ya que estos pasan gran parte de su día conectado, aumentando su exposición a los peligros latentes inmersos en internet. Aunado a ello, su baja capacidad de análisis por su inexperiencia y madurez, para detectar dichos peligros, los convierte en el principal foco de los “depredadores online”.
Ante ello, se considera pertinente avanzar hacia una gobernanza de internet en nuestro país, que contribuya en una gestión segura y justa y que permita establecer parámetros de interacciones en la red, sin que con esto implique el coartar otros derechos humanos como la libertad de expresión y el derecho a la información.
El debate sobre la gobernanza de internet ha sido complicado hasta para llegar a un acuerdo sobre su propia definición. Esta cuestión, que puede parecer superficial, tiene en cambio consecuencias significativas, pues diferentes percepciones del significado de este término impulsarán diferentes enfoques sobre las políticas y generarán distintas expectativas.
“Así, los especialistas en las telecomunicaciones tenderán a ver la gobernanza de internet a través del prisma de la infraestructura técnica; los especialistas informáticos se centrarán en el desarrollo de estándares y aplicaciones; los especialistas en comunicaciones acentuarán la facilidad de la comunicación; los activistas de los derechos humanos pensarán en la libertad de expresión la privacidad y otros derechos humanos básicos; los abogados se centrarán en la jurisdicción y la resolución de disputas; los políticos normalmente tenderán a centrarse en los medios de comunicación y los temas que resultan atractivos para el electorado, como el optimismo tecnológico y las amenazas, en tanto que los diplomáticos se preocuparán, principalmente, del proceso y la protección de intereses nacionales. La larga lista de perspectivas profesionales que podrían colisionar en cuanto a la gobernanza de internet podría continuar” (Eduardo Gelbstein, 2005).

El reto es que cada una de las partes implicadas —desde sociedad civil, gobiernos y empresas privadas con pertinencia en el ámbito— logre consensos para mejorar la calidad de vida virtual de las personas. Esto no puede hacerse sino desde una visión o paradigma “multi-stakeholder”. De esa forma se logrará considerar los enfoques o perspectivas de cada una de las partes y así construir un modelo real de gobernanza de internet.
En ese contexto es que la presente busca plasmar cómo es que los derechos de los NNA, en la efectivización de su derecho de acceso a internet, se han vulnerado, por la falta de una gobernanza de internet en México, todo ello en el marco de la sociedad del conocimiento/información.

Antecedentes
Como en todos los tiempos y edades, el ser humano está en una constante configuración, no solo desde el punto de vista particular o individual, sino que su replanteamiento de identidad da como resultado una metamorfosis integral, es decir, los principales fundamentos de la sociedad son trastocados y se gestan nuevos paradigmas en lo económico, político y social.
Antes del siglo XX los cambios sociales se daban entre una región y otra en diferentes tiempos; no existía realmente una interdependencia, las culturas difícilmente se penetraban unas a otras, debido a las distancias y lo primitivo de los flujos de información y comunicación. No obstante, a partir de la revolución tecnológica, de las comunicaciones y el fenómeno de la globalización, potenciado principalmente por la aparición de internet, estos cambios suelen ser cada vez más paralelos. Y esto genera nuevos paradigmas en todas las esferas que involucran a la sociedad.

Hoy en día vivimos bajo la designación denominativa de “sociedad de la información” o “sociedad del conocimiento”, entendiendo a esta como una “sociedad que crece y se desarrolla alrededor de la información y aporta un florecimiento general de la creatividad intelectual humana, en lugar de un aumento del consumo material” (Masuda, 1994). Es decir, el fundamento de la sociedad actual y su desarrollo subyacen de los flujos de información y la aplicación de estos en diversidad de ámbitos.
De ahí que, el acceso a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), en especial a internet, y la inclusión digital, se han consagrado como derechos humanos internacionales, reconocidos como de cuarta generación. Ello, justificado en la noción de que “internet es un potente facilitador de los derechos humanos. Como medio de comunicación, las libertades que alienta internet para expresar ideas, conectarse y asociarse con otros y ejercer nuestra creatividad humana e innovación no tienen precedentes. Estas libertades constituyen elementos básicos de la autonomía personal, la dignidad y los derechos humanos básicos” (Internet society, 2015, p.1).
De igual forma, en la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información de 2003, en Ginebra Suiza, se declaró el “deseo y compromiso común de construir una sociedad de la información centrada en la persona, integradora y orientada al desarrollo en la que todos puedan crear, consultar, utilizar y compartir información y conocimiento (…) para que puedan emplear plenamente sus posibilidades en la promoción de su crecimiento sostenible y en la mejora de la calidad de vida (…)” (UIT, 2005).

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Gilberto López Alfaro

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Reseña del libro Sursum la voz de una juventud católica.
Análisis de los contenidos publicados en un periódico laico de Hermosillo 1942-1946, de
Jorge Mario Álvarez.

La presente reseña se lleva a cabo desde la perspectiva de la Teoría de la secularización. Como tal, habrá que señalarse que el tema es sumamente sugerente de análisis, ya que en la región se cuenta con poca bibliografía historiográfica al respecto, pues la historia del México contemporáneo nos exige la revisión de procesos que vuelven a tener relevancia ante los acontecimientos de la transacción democrática, ante la efervescencia de la lucha por el poder entre los sectores políticos y también de cara a los retos que implican la dinámica transición de las sociedades de frente a la tradición y el conservadurismo que representa la Iglesia católica.
Estudiar procesos de conflicto entre el Estado mexicano y la jerarquía eclesiástica y su relación con la sociedad es uno de los temas apremiantes a descubrir, pues el comportamiento de las regiones ante el conflicto cristero, por ejemplo, ha tenido una gran gama de matices, pues como ya había comentado recientemente, hubo muchas "cristiadas" que se diferencian en cuanto a los tiempos, manifestaciones de restricciones y normatividad en cada estado pero, sobre todo, con diversas formas de reacción entre la sociedad. Tal es el caso, del conflicto religioso que en Sinaloa ocasionó la Ley Calles. Su promulgación generó la clausura de los templos, como sucedió en el centro del país entre 1926 y 1929, pero también entre los años 1934 y 1939, en los que se manifestaron los signos de prácticas normativas del Gobierno como el cierre de los templos y la reglamentación y orden del número de sacerdotes en funciones, bajo un registro ante la Secretaría de Gobernación (tal como lo explica Jorge Mario Álvarez para el caso de Sonora, pero sobre todo la persecución, so pena de encarcelamiento, del obispo Juan Navarrete —consagrado y enviado a Sonora el 8 de junio de 1919—, elementos que nos muestran una manifestación clara de prácticas secularistas y anticlericales, tal como las define Peter Berger:

“Entendemos por secularización el proceso por el que algunos sectores de la sociedad y de la cultura son sustraídos de la dominación de las instituciones y los símbolos religiosos. Cuando hablamos de sociedad y de instituciones en la historia del Occidente moderno, está claro que la secularización se manifiesta por la evacuación, por parte de las iglesias cristianas de áreas que previamente estuvieron bajo su control e influencia… como en la separación Iglesia y Estado, o en la expropiación de los bienes eclesiales inmuebles, o en la emancipación de la educación con relación a la tutela de la Iglesia. Sin embargo, cuando hablamos de símbolos y de cultura implicamos que la secularización es algo más que un proceso socio-estructural. Afecta a la totalidad de la vida cultural e ideológica y puede observarse en el declinar de los temas religiosos en las artes, en la filosofía, en la literatura y, sobre todo, en el despertar de la ciencia como una perspectiva respecto al mundo, autónoma y eminentemente secular.”2

Las manifestaciones, por lo tanto, de los acontecimientos que anteceden a la publicación del periódico Sursum marcan la pauta de los tiempos y la pertinencia de cómo estudiar hoy las diversas connotaciones que puedan reflejar su estudio. Con esto me refiero a que, desde la óptica del periodismo, desde la sociología de la religión, desde la teoría de la secularización, desde el estudio de las sociabilidades al estilo de Maurice Aghullon y de la de construcción de los textos propuestos por Derrida, desde el análisis del discurso que propone Van Dick, el trabajo de Jorge Mario puede ser foco de estudio. Obviamente que, desde la variedad de la óptica metodología, habría que poner en su contexto cada una de estas perspectivas comentadas